Víctimas de los abusos del gobierno PRO con las denuncias sobre los operativos en su contra.
Imagen: Bernardino Avila.

La revolución de la alegría todavía no les llegó a las personas en situación de calle, pero el hostigamiento verbal y físico por parte del gobierno porteño nunca se fue. Referentes vinculados a la problemática revelaron a Página/12 que desde el traspaso de mando de Mauricio Macri a Horacio Rodríguez Larreta se intensificaron los hechos de violencia institucional contra varias “ranchadas” de la capital, con procedimientos similares a los que utilizaba la disuelta patota estatal de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP). Trabajadores sociales, directores de centros de integración y referentes de organizaciones sociales confirmaron a este diario que en los últimos meses se registraron operativos comandados por empleados del Ministerio de Espacio Público de la ciudad, con apoyo de la Policía Metropolitana, para desalojar a las personas de la calle, apelando a los chantajes ya conocidos y que derivaron en una causa penal en la que está procesado el diputado del Parlasur por Cambiemos, Fabián Rodríguez Simón, junto a otros veinte miembros de la patota. La Red de Organizaciones de Constitución, que nuclea a diversos colectivos, relevó al menos una decena de casos sólo en ese barrio, y sus referentes advierten que la misma situación padecen quienes viven en las calles de Once, Retiro, Palermo, Congreso y Liniers.

“El accionar es el mismo que el de la UCEP. Más adornado, pero es igual. Les dicen no muy amablemente que se tienen que ir y si hay resistencia le tiran las cosas. Hubo empujones y patadas a las pertenencias de las personas”, denunció Horacio Avila, de Proyecto 7, una organización conformada hace más de una década por personas en situación de calle. Avila señaló que hay una cooperación entre el Ministerio de Espacio Público y la Metropolitana, que llevan adelante los desalojos en conjunto. “Los que patotean y hablan mal son la gente de espacio público. Los uniformados acompañan”, describió.

Las organizaciones remarcan que la disolución de la UCEP en 2009 no redundó en un corte de la violencia institucional, que continuó de forma permanente. De hecho, la Defensoría del Pueblo comunicó a mediados del 2012 haber recibido denuncias que probaban la existencia de “una nueva UCEP, si bien de distinto cuerpo, con la misma metodología”. La preocupación de las organizaciones radica en que en lugar de decrecer, en los últimos meses la violencia recrudeció. “Este tipo de operativos eran habituales desde antes, pero en las últimas semanas se empezaron a hacer con una impunidad que no se les veía antes”, afirmó Florencia Montes Páez, una de las directoras del centro de integración para mujeres en situación de calle Frida. “Por eso insistimos que volvió la UCEP, es el mismo gesto: no les importa las pertenencias ni adónde van después de la agresión, sino echarlos de los lugares más visibles de la ciudad a través de la represión”, sostuvo.

En el Frida, creado en 2014, conviven 40 mujeres y hay otras 25 a la espera de un lugar. Tanto allí como en el Centro de Integración Monteagudo, el hogar de 120 hombres adultos, se escucharon los primeros relatos directos sobre la situación, a principios de año. “Se dice que se levantan ranchadas completas. Es muy grave, es un nivel más serio de represión que el que veníamos registrando”, remarcó Montes Páez, y situó la razón del aumento de la violencia en “la impunidad con que se manejan los funcionarios ahora que son gobierno no sólo en la ciudad, sino también en provincia y Nación”.

Tanto desde el Ministerio de Espacio Público, que hoy conduce el ex secretario de Gestión Comunal Eduardo Machiavelli, como desde Desarrollo Humano y Hábitat, a cargo de Guadalupe Tagliaferri, negaron los hechos y se escudaron en que aún no hay denuncias formales que ameriten una respuesta institucional. Como la violencia no cesa, desde Proyecto 7 adelantaron que presentarán un hábeas corpus junto a otras organizaciones, para forzar una reacción de las autoridades.

Igual metodología

De la variedad de testimonios recabados por Página/12 en distintos barrios de la Capital surge que la presencia de las camionetas de Espacio Público cerca de las ranchadas es permanente. En varios casos, se relaciona con malos tratos verbales e intentos de desalojo, lo que de mínima excede las facultades del Ministerio. Algunos testimonios hablan de que toman fotos de menores y amenazan con quitarles a sus padres la tenencia, como sucedió en un asentamiento cercano a la estación retiro hace dos semanas, según pudo saber este diario.

Los hechos de violencia se ejercen indistintamente sobre familias, personas solas, personas mayores, menores de edad y contra personas trans. Con matices, la situación se repite: camionetas de Espacio Público llegan a las ranchadas de la mano de patrulleros de la Metropolitana. Interrogan a las personas y les exigen que se retiren. A veces lo logran sin que se oponga resistencia. En otros casos, se llega a un entendimiento a partir de una negociación. En caso de discusión, siempre está a mano la violencia.

“Vinieron a las 8 de la mañana. Una camioneta de Espacio Público y un patrullero de Metropolitana. Se bajaron y nos exigieron que nos vayamos. Nos tiraron agua (lo mismo hacen desde el BAP, a veces). Comenzaron las discusiones y nos rompieron la silla de ruedas de mi hijo. Le pegaron a mi marido y perdimos los medicamentos del nene. Nos trataron muy mal. La silla de ruedas es lo que más importa, porque los colchones podemos conseguirlos más fácil. Queremos una vivienda digna, el subsidio habitacional no nos sirve porque no alcanza para pagar y a los seis meses estás otra vez en la calle”, relató Natalia, que vive en la calle en el barrio de Constitución, sobre la Avenida Entre Ríos. Su denuncia está siendo tramitada en la fiscalía Este de la capital. En el mismo barrio, la Red de Organizaciones de Constitución reconstruyó otros diez episodios similares. Algunos de ellos en la intersección entre San Juan y 9 de Julio; otro desalojo se produjo en pleno hall de la estación del Ferrocarril Roca.

“No nos dejan ranchar. Acá en Palermo es una orden. Lo dijeron varias veces. Cada tanto pasa la camioneta blanca y nos dicen que nos vayamos: vamos de la esquina, a la vereda de enfrente, y después a la otra”, contó Julieta, que para, sin lugar fijo, cerca del ex edificio de las Bodegas Giol. Julieta fue víctima, en mayo del año pasado, del secuestro de dos de sus hijos.

“La Metropolitana nos apuntó con un arma. Eran dos oficiales contra dos mujeres que vivimos en la calle. Le habían robado a alguien y preguntaron si habíamos visto algo. Siempre vienen a prepotear. También vinieron de Espacio Público a decirnos que nos teníamos que mudar, que nos iban a mandar un asistente social, y que si no, iban a traer una orden de captura de los chicos”, comentó Lorena, de Congreso.

El modus operandi actual tiene resabios de la UCEP, reconstruidos en un informe elaborado por el CELS y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad en 2009. Las coincidencias se observan en el Ministerio que opera (en este caso, con apoyo de la Metropolitana), el objetivo final (desalojar) y el método (la violencia verbal y física). Otra similitud se relaciona con el rol de algunos agentes del BAP, que aportan en “inteligencia” con datos de las personas, según atestiguaron trabajadores del propio programa.

Cada vez peor

Según el censo de 2014 del Gobierno porteño, viven en la calle 861 adultos y 23 niños. Sin embargo, las organizaciones manejan el número de 18 mil. La abismal diferencia se debe a que los censos oficiales “se realizan en apenas tres horas, un solo día del año, es ilógico pensar que en ese lapso se pueda hacer un relevamiento serio”, explicaron trabajadores del BAP. Además, el gobierno no tiene en cuenta a las personas en riesgo de quedar en calle. Ese punto preocupa a las organizaciones, no sólo porque incumple con la ley que ellos mismos impulsaron (la 3706, de Protección Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle), también por la falta de respuestas del Gobierno. “La diferencia entre los subsidios que paga el Gobierno y lo que vale una pieza de hotel es abismal”, señaló Avila. De los cinco mil a seis mil pesos que se estima vale por mes alquilar una pieza, el Gobierno sólo cubre 1800 pesos, un monto que no se actualiza desde hace tres años. “Hay mucha presión, estamos preocupados porque la situación va a estallar, cada vez se ve más gente en la calle”, denunció el referente de Proyecto 7. “El gobierno se niega a reconocer la problemática, entonces los expulsa”, explicó Montes Páez. “Quieren armar un muro alrededor de la capital. ¿Cual es el límite de la violencia, la desaparición de las personas en situación de calle?”, se preguntó.

Informe: Matías Ferrari.